CULTURA DE LA LEGALIDAD.
Por: Fabián García Miranda.
Para quienes somos abogados, hablar de “orden normativo”, “legalidad”, “seguridad jurídica” o, más genéricamente, de “fines del derecho”, resulta cotidiano o al menos comprensible. Las dimensiones sociales del derecho son claras para quienes tenemos el bagaje cultural de nuestra formación universitaria como abogados; pero, ¿qué sucede con quienes no lo son?
La expresión cultura de la legalidad trasciende a cualquier concepción que algo para nosotros tan fundamental como es la constitución escrita. Cultura de la legalidad significa, sí, imperio de la ley; pero también significa obediencia de la ley, y la obediencia requiere, necesariamente, conocimiento de la ley. La definición más clara de la cultura en general, tiene que ver con el conocimiento que se tiene del mundo, de las cosas; tiene que ver con la forma en que percibo y soy percibido.
De la misma manera, la cultura de la legalidad implica necesariamente el conocimiento del ordenamiento jurídico. Conocimiento que puede tenerse a distintos niveles, pero que tiene, como irremediable consecuencia, el fortalecimiento del orden social en un Estado. El papel de las instituciones en esta tarea es fundamental. Por ello es indispensable su fortalecimiento a través del buen desempeño de sus funciones, lo que traerá como consecuencia una mejoría en la percepción que de ellas tiene el ciudadano.
La cultura de la legalidad conlleva, particularmente, un cambio en la concepción de los principales operadores y difusores de la cultura jurídica: los abogados. Al ser los principales operadores y conocedores por tanto del sistema de derecho, a los abogados corresponde el difundir, sin falsa vanidad, con sencillez y sin medida, el conocimiento jurídico adquirido en la práctica profesional a través de los medios que tiene a su alcance. Eso es también cultura de la legalidad. El abogado debe ser el principal difusor de esta cultura y, sobre todo, el primero en respetarla.
La cultura de la legalidad exige que cada órgano, cada familia, cada persona, asuma el papel que le corresponde desempeñar responsablemente. Solamente así se logrará el fortalecimiento de nuestra democracia y el bienestar del pueblo, a quien nos debemos.
Por: Fabián García Miranda.
Para quienes somos abogados, hablar de “orden normativo”, “legalidad”, “seguridad jurídica” o, más genéricamente, de “fines del derecho”, resulta cotidiano o al menos comprensible. Las dimensiones sociales del derecho son claras para quienes tenemos el bagaje cultural de nuestra formación universitaria como abogados; pero, ¿qué sucede con quienes no lo son?
La expresión cultura de la legalidad trasciende a cualquier concepción que algo para nosotros tan fundamental como es la constitución escrita. Cultura de la legalidad significa, sí, imperio de la ley; pero también significa obediencia de la ley, y la obediencia requiere, necesariamente, conocimiento de la ley. La definición más clara de la cultura en general, tiene que ver con el conocimiento que se tiene del mundo, de las cosas; tiene que ver con la forma en que percibo y soy percibido.
De la misma manera, la cultura de la legalidad implica necesariamente el conocimiento del ordenamiento jurídico. Conocimiento que puede tenerse a distintos niveles, pero que tiene, como irremediable consecuencia, el fortalecimiento del orden social en un Estado. El papel de las instituciones en esta tarea es fundamental. Por ello es indispensable su fortalecimiento a través del buen desempeño de sus funciones, lo que traerá como consecuencia una mejoría en la percepción que de ellas tiene el ciudadano.
La cultura de la legalidad conlleva, particularmente, un cambio en la concepción de los principales operadores y difusores de la cultura jurídica: los abogados. Al ser los principales operadores y conocedores por tanto del sistema de derecho, a los abogados corresponde el difundir, sin falsa vanidad, con sencillez y sin medida, el conocimiento jurídico adquirido en la práctica profesional a través de los medios que tiene a su alcance. Eso es también cultura de la legalidad. El abogado debe ser el principal difusor de esta cultura y, sobre todo, el primero en respetarla.
La cultura de la legalidad exige que cada órgano, cada familia, cada persona, asuma el papel que le corresponde desempeñar responsablemente. Solamente así se logrará el fortalecimiento de nuestra democracia y el bienestar del pueblo, a quien nos debemos.
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