LIBERTAD Y RESTRICCIÓN EN LA DECISIÓN JUDICIAL

RESEÑA CRÍTICA DEL LIBRO: “LIBERTAD Y RESTRICCIÓN EN LA DECISIÓN JUDICIAL”
DE DUNCAN KENNEDY
Por: Fabián García Miranda.

El maestro de la Universidad de Harvad nos muestra desnuda la realidad a la que se enfrenta el juzgador al resolver los caso sometidos a su potestad; postura que tiene el privilegio de ser expresada por un operador jurídico que no obstante reconocerse inmerso en el pensamiento de la mayoría de los juristas, en cuanto a que la seguridad jurídica aparece estrechamente unida a la previsibilidad de las decisiones de los poderes públicos, en especial, a la de aquéllas que adoptan los órganos jurisdiccionales, pone de manifiesto que estas decisiones inciden de un modo más directo y trascendente sobre los derechos e intereses de los ciudadanos que cualquier otra.
Pugna con lo que tradicionalmente se ha definido como la seguridad de la ley como el hecho de que las decisiones de los tribunales son previsibles hasta cierto grado y, por ende, calculables, de suerte que los sujetos sometidos al derecho pueden orientarse en su comportamiento. Sin embargo, los argumentos asociados a una decisión judicial, se presentan adicionalmente dos rasgos particulares: por una parte, las materias sobre las que normalmente versan los argumentos son controversiales, o bien hechos en disputa; y por la otra los argumentos se refieren siempre a decisiones (acciones) que afectan el resultado de tales controversias. Estos rasgos particulares de los argumentos acerca de las decisiones judiciales, van a delinear evidentemente los marcos de aceptabilidad de los mismos.
La construcción de una decisión es siempre un proceso complejo, en el que combinan la evaluación de diversas alternativas de acción (condenar/absolver, admitir/rechazar) con la evaluación de las situaciones del entorno que generalmente asumen también un carácter complejo. En el caso particular de las decisiones judiciales el entorno contiene tanto los elementos normativos (bajo todas sus formas), como los elementos fácticos (en toda su complejidad). De esta evaluación cruzada surge la decisión judicial, cuyas consecuencias se proyectan directamente al menos en dos esferas: primero, la del propio asunto resuelto mediante la decisión, y segundo la de la confianza pública en el estado racional de derecho. Esta última esfera posee una trascendencia política tal que difícilmente podría ser exagerada. Por tratarse de una acción, que es seleccionada en virtud de reglas en concurrencia con evidencias fácticas, la decisión judicial siempre es elaborada y definida bajo condiciones de incertidumbre.
Es así como nos presenta el dilema de la decisión judicial frente al derecho o la ley y la sentencia que quisiera dictar o a la que quiere llegar, en un caso en el que los choferes de autobuses en Boston está en huelga, mientras que la compañía contrata choferes no sindicalizados y se prepara para reanudar el servicio. El primer día, los choferes sindicalizados se acuestan sobre la calle frente a la estación para impedir que los autobuses salgan, no perturbarán el flujo general del trabajo y no ejercen violencia. La policía los arrestó y se los lleva. Se los acusa de perturbar el orden y obstruir la vía pública y luego son puestos en libertad tras pagar una fianza; al día siguiente hacen lo mismo con idéntica reacción por parte de las autoridades; todo lo cual provoca que la compañía recurra a un Tribunal Federal para obtener una orden de restricción judicial en contra de las tácticas del sindicato.
Planteado el caso Kennedy, reseña los avatares a los que se enfrenta el juzgador al analizar casos como estos y lo que primero establece es que el jurista parte de ciertas y determinadas concepciones del derecho que aprendemos en la universidad e incluso en la practica judicial. De ahí que una primera solución del caso, se la otorga el recuerdo no muy claro de que la ley le será favorable al patrón y en consecuencia el Juez Federal otorgará la restricción judicial (una especie de medida cautelar), pues la norma permite al patrón hacer lo que le plazca con los medios de producción.
Son fundamentales en el artículo y en la fenomenología de la decisión judicial, las ideas sobre la primera apreciación de un caso, la cual, se ve siempre influenciada por el conocimiento previo que tiene el propio juzgador. En ese punto, aprecia la ley como algo que restringe la decisión a la que él quiere llegar, pues de ese prejuicio nace la concepción de que el patrón tiene tanto el privilegio de actuar como el derecho a ser protegido contra toda interferencia y, por tanto, resolver que los trabajadores realizaron algo proscrito por esas normas, es decir, interferir con tal derecho y privilegio. Por ello, la afirmación de que la ley se aplica sola.
Sin embargo, el pensamiento alternativo a las respuestas dadas que supone la ley, no es suficiente para dar solución al caso, menos aun para llegar a la sentencia que el Juez de Kennedy pretende, ya que puede ocurrir que al realizar la aplicación interna de la norma, esto es, en la psique del juzgador, advierta que se trata de un caso no tan claramente regulado por la norma, pese a que otros vean en él un caso resuelto, lo que contrasta sensiblemente con la idea de Dworkin sobre la calificación dual de los casos y particularmente con la idea del caso fácil, que así se cataloga, por encontrar solución en la ley, independientemente del sentido de la decisión.
Con base en lo anterior, desarrolla una serie de problemas que el caso ofrece, desde la perspectiva misma del juzgador, tanto de su circunstancia como de las propias concepciones que tiene sobre la justicia y ley; así, supone que él es un juez se concibe como activista político con vocación de cambio social, que ve a la leyes como el producto de una selección hecha por personas con poder suficiente para aplicarlas conforme su peculiar manera de entender la moral, la justicia e incluso sus propios intereses. Asimismo, que dichas normas siguen vigentes porque los grupos que con ellas han sido tratados injustamente, no han tenido la visión política, la energía y la fuerza bruta para combatirla.
Desde este enfoque, Kennedy pretende construir un argumento a partir cual los trabajadores se “salgan con la suya” mediante el desplazamiento de la ley hasta el punto en que se les permita cierto control legalmente legitimado sobre los medios de producción y además evitar con ello, que se emita la orden de restricción judicial, considerando ciertas estrategias como demorar el caso, elaborar una nueva visión de los hechos (manipularlos) para que en esa nueva consideración se deniegue la orden, apoyarla en tecnicismos, formales procesales o de competencia de los Jueces con tal que la orden no se emita. Esto bajo la estimación de que el papel de los jueces es examinar las conclusiones a las que ellos mismo han llegado respecto a lo que consideran es la “respuesta legal correcta” intentando también los mejores argumentos de la contraparte.
El razonamiento que pretende bajo la idea Marxista del argumento como trabajo que debe soportarse, tiene como propósito hacer que el caso se resuelva tal y como su sentido de la justicia le dice que debe resolverse a pesar de todo aquello que en primera instancia pueda parecer como resistencia u oposición que la ley ejerce.
Como se aprecia lo que cuestiona Kennedy es denunciar que las formas como se concibe la actividad judicial es equivocada, pues por un lado, el juez no es un robot que aplique la ley tal cual sin cuestionarla, pero tampoco un sujeto absolutamente libre para decidir lo que considere como correcto, justo o legal. De ese modo, piensa dar solución al caso a partir de un precedente según el cual, la acción de los trabajadores se muestre como un ejercicio de la libertad de expresión, de manera que la obstrucción pacífica de vías, sin ejercicio de violencia y como instancia de desobediencia civil quede protegida con ella.
Planteado así, Kennedy piensa que sería acertada su posición porque parte de su noción particular de justicia y ésta coincidiría con la ley, así que la sentencia a la que quería llegar resultaría coincidente y por ende, la reflexión sería exitosa en la medida que su primera percepción le resultaba injusta para ese grupo de personas y así habrá ayudado a alguien. Lo cual no siempre es así.
Un de los grandes conflictos que representa decidir el caso hacia una determinada idea de justicia es el de que como el propio Kennedy, se gesta porque las intuiciones que tenemos de “justicia social” o sus significados no son independientes del conocimiento que se posee sobre lo que otros jueces y legisladores han hecho en el pasado frente a situaciones similares; tal ha sido la influencia del sistema jurídico que en realidad es imposible saber con precisión si una opinión sobre determinado tema es propia o si proviene de esa influencia y en realidad llegar al convencimiento o descubrir que la ley que en principio proclamó injusta, en realidad estaba equivocada. Algo que reconoce el autor como el “poder normativo del campo”.
Los mensajes que constituyen el campo, empiezan por ser formulas verbales de decisión, después se conforman por el discurso de los antiguos jueces y magistrados que le precedieron en el cargo y termina por establecer una ambivalencia entre si se debe expedir o no la referida orden frente al dilema de la obstrucción o de la libertad que considero asiste a ambas partes. A este proceso lo denomina conversión y lo hace consistir en la posibilidad de que resuelta el problema, tal y como lo percibió desde un inicio, pues al interpretar el campo de acción como mensaje que proviene de otros en un momento histórico, podría verse cada vez menos convencido. Las principales influencias que se oponen a la fusión entre la ley y la sentencia a que se quiere llegar son el costo psicológico que implica una conversión y el terror que genera el desastre de una falsa convicción, pero mas profundamente la idea de que no se podrá elaborar un argumento jurídico convincente en defensa de la posición adoptada.
Aunque burdo es muy ilustrativo el símil que establece Kennedy sobre la ambivalencia y el jugar con heroína pues mientras se consume creyendo que se le tiene bajo control, cuando menos se piensa ya se es adicto, es decir, que el argumento se desplaza hacia un lado y otro sin que tomemos conciencia de ellos.
Finalmente Kennedy reprocha su actividad y sus decisiones ante la ofensa de lo que denomina “pacto con el diablo” que estriba en reconocer que su opinión personal no concuerda con la ley o que si la ley no concuerda con su opinión habrá de cambiarla para que prime la ley o que si no está dispuesto a hacer lo uno o lo otro deba retirarse del caso o de la judicatura o en última de la practica del derecho.
Esta última reflexión es a la que se enfrenta el suscrito en las decisiones que se toman a diario en un juzgado a veces debe prevalecer la ley, a veces amoldamos el caso para que pueda resultar favorable a una persona (suplencia de la queja) pero siempre hay una especie de angustia o euforia por no encontrar o creer haber encontrado, según el caso, esa respuesta correcta que Duncan Kennedy nos muestra como inalcanzable.